El encargado de haber emitido la orden fue el juez Peter Moulton, quien le aseguró a Trump que sus negocios no se verían afectados por el desenlace del juicio, garantizándole tranquilidad frente a los compromisos judiciales que el aparato legal del Partido Demócrata ha desatado sobre él.

Moulton tomó la decisión luego de una corta audiencia en la cual determinó que el dictamen del juez que especulaba acerca de la posible existencia de fraude por parte de Trump, se entrometía en propiedades y sociedades privadas del ex presidente, además de asegurar que la extinción de dichas sociedades habría significado una gran cantidad de despidos.

Finalizando el mes de septiembre, el magistrado de la causa original, el juez ultra-demócrata Arthur Engoron, dictaminó que el ex presidente Trump habría inflado en sus declaraciones financieras, los valores de diversas propiedades, entre las cuales se encuentran campos de golf, hoteles, su hogar en Mar-A-Lago y también en Seven Springs.

El fallo emitido por Engoron se originó tras una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, la ultra-demócrata Letitia James, quien en adición a los millones de dólares que busca en retribución, tiene intenciones de prohibir a Trump operar en negocios por cinco años.

La persecución judicial contra Trump, también ha alcanzado a sus hijos, ya que Ivanka Trump ha sido posicionada como co-autora en el juicio que se lleva a cabo, aunque la corte también determinó que los argumentos de James contra ella no tenían sustento y fue sacada de la causa.

El equipo legal de Trump se encuentra confiado de que la corte de apelaciones puede revertir parte del fallo efectuado por Engoron, mientras que la demócrata James asegura de manera inconsciente que los acusados buscan demorar el juicio intencionalmente.

El caso en el que se basa James, responde a una acusación al presidente Trump, la cual señala que habría sobre-valorizado algunas de sus propiedades, incluyendo su departamento en la Torre Trump, el cual según la demanda se encontraría en valores de entre 110 y 210 millones de dólares por sobre su valor real.

La demanda carece de sentido, ya que en el caso que Trump hubiera sobrevalorizado sus propiedades en sus declaraciones financieras, lo que significaría es que pagó más impuestos de los que debería haber contribuido, no menos.

Sin embargo, la fiscal bidenista asegura que Trump consiguió negocios diciendo que su empresa valía más de lo que de verdad valía a partir de esta sobrevaluación de activos, lo cual es dudoso. Por su parte, la abogada de Trump señaló que de no estar el nombre de Donald Trump en ese edificio, los inmuebles en cuestión no valdrían ni la mitad de lo que valen.

Con respecto a la orden judicial emitida por Ergoron, las intenciones de Trump se resumen en un freno inmediato a la misma, hecho que James asegura que se han iniciado conversaciones para buscar un punto en común y que el juicio pueda seguir adelante sin mayores inconvenientes.

A su vez, el equipo judicial de Trump, ha aceptado desestimar una demanda judicial contra la fiscalía general de Nueva York y contra el juez Engoron basada en sus continuas intenciones de cargar contra la familia Trump y contra sus compañías, las cuales no son materia de la demanda iniciada por la fiscalía del estado.

Engoron, a lo largo del proceso judicial ha tomado actividades hostiles contra Trump y sus abogados, llegando al punto de que lo amenazó con darle tiempo de prisión por no haber eliminado un posteo en redes sociales acerca de la persecución judicial que los miembros de la corte efectúan contra él.

Engoron, emitió a su vez una orden de silencio contra el ex-presidente luego de que Trump realizara una crítica contra Allison Greenfield en redes sociales, una empleada del juzgado quien además es la novia del líder de la mayoría demócrata en el senado, Chuck Schumer.

Los abogados de Trump, Chistopher Kise y Alina Habba, celebraron la decisión tomada por la corte de apelaciones y a su vez criticaron duramente a Engoron y a James, a quien acusaron de no encontrarse apta para ocupar la posición de fiscal general del estado de Nueva York. A su vez, Habba confirmó que a fines del mes de octubre, los hijos del ex-presidente, Donald Jr y Eric Trump, brindarán testimonio frente a la corte.