Según la nueva norma, los comisionados, concejales y alcaldes de las distintas ciudades y condados de Florida deberán completar el "Formulario 6", donde revelarán sus fuentes de ingresos y los activos que posean superiores a 1.000 dólares. Además, se les obliga anualmente a revelar de forma transparente sus declaraciones de impuestos federales y su patrimonio neto.

Por otra parte, la SB 774 exige que estos funcionarios públicos de las ciudades y de agencias vinculadas con la urbanización comunitaria completen una capacitación ética anual.

También se insta a las comisiones de ética a que presenten declaraciones públicas de los funcionarios y publiquen los nombres de aquellos que no hayan presentado las declaraciones.

La nueva norma establece montos de multas para los funcionarios que se demoren en realizar las declaraciones y sanciones para aquellos que intencionalmente proporcionen información falsa.

Antes de esta ley, los funcionarios locales solo estaban obligados a revelar las fuentes de ingresos e intereses comerciales, pero no las cantidades específicas en dólares.

Ante la inminente entrada en vigor de esta ley, varios funcionarios públicos electos de distintas partes de Florida presentaron su dimisión. Por ejemplo, cuatro de los cinco miembros del Concejo del municipio de St. Pete Beach, ciudad al oeste de la Bahía de Tampa, anunciaron su dimisión a partir del 30 de diciembre, al considerar la ley como "una invasión a la privacidad".

Algunos les preocupa que las finanzas de sus cónyuges pudieran ser públicas. También dimitieron varios concejales de Indian Rocks Beach y Seminole en el condado de Pinellas, en el noroeste de Florida.

Causa mucha expectativa cómo la entrada en vigor de esta ley puede influir en los funcionarios electos del sur de Florida, algunos de los cuales se encuentran envueltos en escándalos e investigaciones éticas.