Los críticos se han referido a la ley —conocida como Proyecto de Ley del Senado 4 o SB4, por sus iniciales en inglés— como el intento más drástico por parte de un estado de controlar la inmigración desde que hace más de 10 años Arizona implementó una ley de la cual la Corte Suprema anuló algunas porciones.

Crisis migratoria

El fiscal general de Texas ha dicho que la ley estatal es un reflejo de la ley federal y que “se implementó para abordar la crisis actual en la frontera sur, la cual perjudica a los texanos más que a cualquier otra persona”.

La administración del presidente Joe Biden interpuso una demanda a Texas para anular la medida, argumentando que representa una "usurpación" de la autoridad federal en materia migratoria, perjudica las relaciones internacionales y crea un caos en la aplicación de las leyes migratorias. La política migratoria ha causado en la frontera y en las ciudades de Estados Unidos desequilibrando los presupuestos.

Mientras tanto, los grupos proinmigración arguyen que la iniciativa podría conducir a violaciones de los "derechos civiles" y a "encasillamiento racial".

Un juez federal en Texas prohibió la implementación de la ley a finales de febrero, pero la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito no tardó en suspender dicho fallo, lo que llevó al gobierno federal a presentar una apelación ante el máximo tribunal.

La Corte Suprema anuló en 2012 partes fundamentales de una ley de Arizona que le habría permitido a la policía detener a personas por violaciones federales de inmigración, una medida a la que los detractores se referían frecuentemente como la iniciativa “muéstreme sus documentos”. En un fallo dividido, el tribunal determinó en aquel entonces que el estancamiento en Washington en torno a una reforma migratoria no justificaba una intrusión estatal.

Cifras sin precedentes

La batalla en torno a la ley de inmigración de Texas es una de varias disputas judiciales entre funcionarios de Texas y el Gobierno del presidente Joe Biden sobre qué tan lejos puede ir el estado para vigilar la frontera con México y evitar los cruces fronterizos ilegales.

Texas alega perjuicios por la inmigración indocumentada, que desde que llegó Biden a la Casa Blanca se registran cifras sin precedentes, más de 9 millones de encuentros reporta la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Varios colegas republicanos han respaldado las labores del gobernador Greg Abbott, asegurando que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para aplicar las leyes migratorias existentes.

El caso se dirime en momentos en que un número sin precedente de solicitantes de asilo llega a Estados Unidos y en que la inmigración asciende al primer plano de las campañas rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre.