Khadengra Subedi llegó a Estados Unidos y consiguió rápidamente su primer empleo en una tienda de bocadillos Subway de San Francisco. Como inmigrante nepalí y padre de dos hijos, necesitaba los ingresos y aceptó el puesto.

Durante nueve meses, Subedi soportó pagos irregulares y retrasados de 14 dólares por hora. No recibía nóminas oficiales y tenía oportunidades limitadas para hacer descansos, incluidas las necesidades del baño.

"Era nuevo en el país", dijo Subedi a NBC News. "No conocía las leyes sobre salario mínimo, horas extraordinarias o baja por enfermedad remunerada. Acepté cualquier trabajo para mantener a mi familia".

El Comisionado de Trabajo de California está investigando ahora esa franquicia de Subway y otras seis por presuntas violaciones laborales.

Los trabajadores inmigrantes, empleados principalmente en estos sitios, afirman que recibían menos del salario mínimo de San Francisco, de 18.67 dólares por hora, y que a veces no se les pagaba nada.

El año pasado, un trabajador se puso en contacto con el sindicato Workers United de San Francisco y se asoció con Legal Aid at Work para obtener asistencia jurídica. Su investigación reveló que 25 trabajadores se habían visto afectados en los últimos tres años.

Subway no pagaba a sus trabajadores

Subedi y otros trabajadores recopilaron pruebas físicas, como sobres de pago, para respaldar sus reclamaciones. La comparación de las horas documentadas con los detalles salariales descubrió discrepancias en el pago de las horas extraordinarias y las horas reales trabajadas.

Los restaurantes Subway implicados son propiedad de Christopher Van Buren y Marta Gebreslasie, que operan bajo dos entidades empresariales. Presuntamente pagaban a los trabajadores en efectivo y por debajo del salario mínimo.

Aunque los mínimos legales difieren 16 dólares por hora en California, 18.67 dólares en San Francisco y 20 dólares por hora para los trabajadores de comida rápida a partir de abril, sus prácticas salariales violaban estas leyes.

La oficina corporativa de Subway respondió a las acusaciones, haciendo hincapié en que los operadores de franquicias deben cumplir todas las leyes laborales.

Subedi y Mónica Ramírez, una antigua empleada de 50 años, identificaron a la gerente de la franquicia, Shila Acharya Thapa, como una figura clave en la explotación. Afirmaron que Thapa prefería contratar a inmigrantes con conocimientos limitados de inglés para manipular más fácilmente las normas laborales.

"Me dijeron que mintiera sobre mis ingresos si me preguntaban", afirmó Subedi. Del mismo modo, Ramírez vio cómo Thapa alteraba sus registros de tiempo para declarar menos horas trabajadas.

Subedi luchaba por pagar las facturas y mantener a su familia con el salario inconsistente de 14 dólares por hora, y a menudo dependía de sus amigos para obtener ayuda financiera.