La demanda surge a raíz de una aprobación de ley que prohibirá a las escuelas implementar políticas que obliguen a notificar a los padres si sus hijos solicitan ser referidos por un nombre o pronombres que difieren de su género asignado al nacer, o si desean participar en programas escolares segregados por género o usar baños del sexo opuesto.

"Las autoridades escolares no tienen derecho a ocultar secretos a los padres, pero estos sí tienen el derecho constitucional a saber qué hacen sus hijos menores en la escuela", declaró Emily Rae, abogada principal del LJC.

"Los padres son los tutores legales de sus hijos, no el gobernador Newsom, el fiscal general Rob Bonta o el superintendente Tony Thurmond. Seguiremos defendiendo los derechos de los padres y el bienestar de los niños impugnando en los tribunales leyes invasivas como la AB 1955", añadió.

Respuesta del Gobierno de Newsom

Izzy Gardon, portavoz del gobernador Newsom, desestimó la demanda calificándola de "muy poco seria", y aseguró que la ley propuesta "preserva la relación entre padres e hijos".

"La Ley de California asegura que los menores no pueden cambiar legalmente su nombre o género sin el consentimiento de los padres, y los padres siguen teniendo acceso garantizado y completo a los registros educativos de sus estudiantes en consonancia con la ley federal. Confiamos en que el estado prevalecerá rápidamente en este caso", explicó en un correo electrónico.