La medida busca formalizar protecciones para los inmigrantes indocumentados y evitar el intercambio de datos con las autoridades federales de inmigración, cerrando brechas en políticas previas.

Se prevé que la ordenanza incluya una cláusula de urgencia, lo que permitirá su entrada en vigor dentro de los diez días posteriores a la firma de la alcaldesa Karen Bass.

“Hemos sido una ciudad pro inmigrante durante años. Sabemos que somos un objetivo para este presidente electo, y lo que hacemos aquí es reforzar nuestras defensas”, declaró el concejal Bob Blumenfield tras la votación inicial.

La medida se produce en un contexto marcado por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Durante su campaña, Trump prometió deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados y criticó duramente a las ciudades y estados santuario.

Desde la representación del Partido Republicano en el Condado de Los Ángeles, se cuestionaron las protecciones de estas ciudades, argumentando que amparan a quienes cometen delitos y no a ciudadanos inocentes. “Un país sin fronteras seguras no es un país. Estas protecciones no son para las abuelas que compran helado, sino para quienes han entrado ilegalmente y cometido crímenes adicionales”, afirmaron en un comunicado.

La nueva ordenanza consolidaría políticas adoptadas en años anteriores, como las medidas implementadas por el exalcalde Eric Garcetti durante la administración de Trump. Además, está alineada con la SB 54, conocida como la Ley de Valores de California de 2017, que establece al estado como santuario.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) también opera bajo la Orden Especial 40 de 1979, la cual prohíbe a los oficiales indagar sobre el estatus migratorio o realizar arrestos vinculados a ello. Sin embargo, la ordenanza incluye una excepción que permite colaborar con las autoridades federales en casos relacionados con delitos graves o reincidencia tras deportaciones previas.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) reafirmó su estatus de “distrito santuario” mediante una resolución que exige capacitación al personal educativo para responder ante posibles acercamientos de autoridades migratorias.

Por su parte, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó la creación de un grupo de trabajo para supervisar el impacto de los cambios en políticas federales de inmigración. Además, propusieron la creación de un Departamento de Asuntos de Inmigración, recursos para salud mental de inmigrantes y campañas de concienciación, junto con financiamiento permanente para oficinas de apoyo migratorio.

Estas acciones refuerzan el compromiso de Los Ángeles con la protección de su comunidad migrante en un panorama político adverso.