El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos está marcado por una agenda ambiciosa y controvertida, que promete cambios significativos tanto en la política nacional como en la internacional. Su enfoque combina proteccionismo y aislacionismo, lo que podría generar nuevos desafíos en las relaciones diplomáticas de la nación y alterar el equilibrio geopolítico global.

Lejos de fomentar un ambiente de paz, cooperación y desarrollo internacional, las políticas de Trump han generado tensiones y confrontaciones en el escenario mundial.

En lugar de fortalecer la diplomacia y la colaboración con organismos multilaterales como las Naciones Unidas (ONU), sus decisiones han generado conflictos con aliados y rivales por igual. Esto plantea serias interrogantes sobre los beneficios reales de su estrategia para Estados Unidos y el resto del mundo.

Durante su campaña, Trump hizo numerosas promesas, pero como suele ocurrir en la política, dos más dos no son cuatro, pero todas se cumplen o se ejecutan de la manera esperada. La realidad muchas veces difiere de las expectativas. La incertidumbre sobre las consecuencias de sus decisiones lleva a cuestionar si su administración podrá generar beneficios reales para el país y sus ciudadanos sin afectar gravemente a otras naciones.

En este contexto, resulta fundamental fomentar el diálogo, el análisis, la reflexión y la unidad. Es prioritario alinear estrategias con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, promoviendo el conocimiento, la gobernabilidad, la justicia, la paz, la libertad de prensa y la solidaridad internacional.

Ninguna nación que se considere bastión de la democracia y los derechos humanos puede imponer exigencias a otros países mientras actúa de manera contradictoria y sin rendir cuentas ante la comunidad internacional.

Un ejemplo preocupante de estas políticas es la decisión de enviar presos a centros de detención en Guantánamo y El Salvador, sin garantizar el respeto a sus derechos humanos.

Esta medida genera interrogantes sobre las condiciones en que serán tratados, el acceso a la justicia y la posibilidad de que sus familiares y abogados puedan asistirlos adecuadamente.

Todo gobierno está obligado a garantizar la dignidad de las personas bajo su custodia, conforme a los tratados internacionales, como la Convención de Viena y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.

Estados Unidos no puede reclamar autoridad moral para criticar la deportación de inmigrantes, la existencia de presos políticos o la represión gubernamental en otras naciones si implementa medidas similares en su propio territorio. La coherencia y el respeto a los principios democráticos son esenciales para mantener su liderazgo global con integridad, responsabilidad y ética.

Las políticas de Trump dividen a la opinión pública estadounidense. Mientras que un sector minoritario del 45 por ciento las respalda, la mayoría del 51 por ciento las rechaza, lo que sugiere la necesidad de un cambio de rumbo. Muchos de sus votantes han reconsiderado su apoyo, evidenciando un descontento creciente.

Frente a esta realidad, diversos sectores de la sociedad estadounidense, incluidos partidos políticos, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones progresistas, deben unirse para analizar la situación actual y proponer soluciones viables. La crisis que enfrenta el país demanda respuestas responsables y una visión de futuro que priorice el bienestar colectivo sobre decisiones personalistas y egocéntricas.

El futuro de Estados Unidos dependerá de su capacidad para corregir el rumbo y adoptar políticas que fomenten la estabilidad, la justicia y la cooperación internacional, en lugar de ahondar en la división y el aislamiento.

"La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo", Abraham Lincoln.

*Amín Cruz, CEO, presidente y fundador del Congreso Hispanoamericano de Prensa y del Congreso Mundial de Prensa, Padre Embajador del Periodismo Hispanoamericano y Latinoamericano, diplomático, historiador, escritor y educador.