En su mensaje al firmar las leyes, Newsom indicó que podría ser necesario aprobar legislación adicional para garantizar que los fondos no se utilicen en la defensa de inmigrantes indocumentados con condenas por delitos graves. Esto responde a cuestionamientos planteados por legisladores republicanos en una reciente audiencia.

“Ninguno de los fondos de este proyecto de ley está destinado a ser utilizado para servicios legales relacionados con la inmigración para no ciudadanos condenados por delitos graves o violentos”, aclaró el gobernador.

El estado de California y la administración de Donald Trump han mantenido un largo historial de enfrentamientos. Durante su primera presidencia, el estado presentó o se sumó a más de 100 demandas contra el gobierno federal en temas como políticas ambientales, derechos de los inmigrantes y normativas sobre el agua. Ahora, con Trump nuevamente en el poder, estas disputas se reactivan.

El fiscal general de California, Rob Bonta, ya ha iniciado acciones legales contra la nueva administración republicana. Se ha unido a otros estados demócratas en demandas contra la congelación de ayudas federales y el intento de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento. Bonta, exlegislador demócrata, se perfila como uno de los principales opositores a las medidas impulsadas por Trump.

Además, el mes pasado, el Congreso estatal aprobó un paquete de ayuda por 2.500 millones de dólares para el condado de Los Ángeles. La medida, que contó con apoyo bipartidista, se concretó luego de que Newsom ampliara el temario de una sesión especial para incluir asistencia por incendios forestales. La aprobación ocurrió un día antes de la visita de Trump al estado, en un contexto en el que el presidente amenazaba con condicionar la ayuda federal para desastres en California.