El desfibrilador cardioversor implantable (DCI) permanece activo porque el estado no logró que un médico lo desactivara a tiempo, pese a que un juez lo había autorizado. La Corte Suprema de Tennessee revocó esa decisión y, más tarde, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó las apelaciones. La ejecución seguirá adelante.

Según los abogados defensores, nunca antes se ejecutó en Estados Unidos a una persona con un DCI activo. El pentobarbital, el fármaco letal utilizado, podría causar arritmias que activen el desfibrilador incluso cuando el cuerpo esté anestesiado. Esto, advierten, podría representar una violación a la Octava Enmienda por infligir dolor innecesario.

Black, además, se encuentra en silla de ruedas y ha sido diagnosticado con insuficiencia renal crónica y otras afecciones. Su defensa también intentó impedir la ejecución bajo una ley estatal que prohíbe aplicar la pena capital a personas con discapacidad intelectual, pero los jueces desestimaron el pedido por haber sido tratado anteriormente.

El crimen por el que fue condenado ocurrió en 1988: asesinó a balazos a su pareja, Angela Clay, y a las hijas de ella, Latoya (9 años) y Lakeisha (6 años), en un ataque motivado por celos. En ese momento, Byron Black estaba en libertad condicional tras dispararle al exmarido de Clay.

La hermana de la víctima, Linette Bell, defendió la ejecución: “Él no tuvo piedad de ellas, entonces ¿por qué nosotros deberíamos tenerla?”, dijo al canal local WKRN-TV.

Con esta, Tennessee sumará su segunda ejecución desde mayo, tras cinco años de suspensión por fallas en el protocolo y la pandemia. En lo que va de 2025, ya fueron ejecutadas 27 personas en Estados Unidos, y se prevén al menos nueve más antes de fin de año. El total podría superar las cifras de 2015, cuando se alcanzaron 28 ejecuciones.