“Vamos a mantener estas reducciones porque es fundamental defender al contribuyente estadounidense”, aseguró el funcionario, dejando en claro que la ofensiva apunta a recortar no solo presupuesto, sino también “burocracia”.

Los documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia confirmaron que ya se produjeron más de 4.100 cesantías en distintas agencias, entre ellas Salud y Servicios Humanos, Seguridad Nacional y Educación. Estas bajas se suman a las de principios de año, cuando miles de trabajadores también fueron forzados a dejar sus puestos bajo la política de achicamiento del Estado.

Mientras Vought hablaba desde la Casa Blanca, la jueza federal Susan Illston emitía una orden de restricción temporal para frenar los despidos, que ya golpearon a miles de familias en todo el país. La decisión responde a una demanda presentada por los sindicatos de empleados federales, que cuestionan la legalidad y el impacto social de las medidas.

Trump y su equipo aseguran que esta es una oportunidad “histórica” para reducir el tamaño del gobierno. Para los trabajadores y sus gremios, en cambio, se trata de un ajuste salvaje con consecuencias devastadoras.