Pero la maniobra no termina allí: desde el 20 de noviembre estos grupos también quedarán registrados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), un estatus que endurece al extremo las sanciones.

Esto implica el congelamiento inmediato de activos, la prohibición absoluta para que cualquier ciudadano estadounidense realice transacciones con ellos y la tipificación como delito federal de brindar apoyo a sabiendas a cualquier integrante. A esto se suma la imposición de fuertes restricciones migratorias.

Washington sostiene que estas agrupaciones han protagonizado ataques violentos en distintos países europeos “en su lucha contra el capitalismo, los gobiernos de derecha y la represión al pueblo palestino”.

Según el comunicado oficial, Antifa Ost —también llamada Antifa East o Hammerbande— es un colectivo militante con base en Alemania, responsabilizado por múltiples agresiones contra individuos identificados como “fascistas” o de la “extrema derecha”.

Además, recuerda que el gobierno húngaro de Viktor Orbán, cercano a Trump, ya la declaró organización terrorista tras supuestos ataques en Budapest en 2023.

La Federación Anarquista Informal es descripta como una red anarquista de acción directa que opera principalmente en Italia, con antecedentes de células autodeclaradas en Europa, Sudamérica y Asia. Justicia Proletaria Armada, por su parte, es un grupo griego acusado de diversos atentados con artefactos explosivos contra dependencias del gobierno heleno.

En la misma línea, Autodefensa de Clase Revolucionaria es señalada como otra organización anarquista griega que reivindica ataques explosivos contra instituciones públicas y que enmarca sus acciones dentro de un discurso abiertamente anticapitalista, antiestatal y solidario con Palestina.

Esta cruzada de Trump contra Antifa se intensificó después del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, ocurrido en septiembre, del cual la Casa Blanca responsabilizó de inmediato a la “extrema izquierda”.

Críticos del presidente advierten que esta ofensiva podría convertirse en un mecanismo para criminalizar opositores políticos, carece de sustento jurídico sólido y desconoce un dato esencial: Antifa no funciona como una organización centralizada con estructura o jerarquías.