El líder del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, responsabilizó directamente a la funcionaria por lo que calificó como “atrocidades” bajo su órbita. Afirmó que es necesario desmantelar el ICE y que la persona a cargo debe rendir cuentas, ya sea mediante su renuncia o su destitución.

Los congresistas apuntan a las tácticas aplicadas durante la operación “Metro Surge”, lanzada en diciembre por la administración del presidente Donald Trump, que incluyó redadas masivas, detenciones sin orden judicial y la presencia de agentes federales encapuchados. En ese contexto murieron Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses de 37 años, lo que desató una fuerte reacción política y social.

A la movilización se sumaron referentes del Caucus Negro del Congreso, el Caucus Asiático-Americano del Pacífico y el Caucus Demócrata de Mujeres, que acompañaron el pedido de juicio político. La representante Robin Kelly aseguró que más de 180 legisladores ya copatrocinaron artículos de impeachment y acusó a ICE de dejar “muerte y destrucción” en cada operativo.

El conflicto también comenzó a impactar en las negociaciones presupuestarias en el Capitolio. Legisladores demócratas advirtieron que buscarán imponer restricciones a la aplicación de la ley migratoria dentro del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional e incluso bloquear partidas destinadas a ICE si no se producen cambios de fondo. El Caucus Progresista adelantó que se opondrá a cualquier aprobación de fondos tras la muerte de Pretti.

Durante la protesta, Espaillat destacó una reciente decisión judicial que impide temporalmente al Departamento de Seguridad Nacional exigir aviso previo a los legisladores que deseen visitar centros de detención migratoria, lo que habilita inspecciones sorpresivas en instalaciones del ICE.

El congresista Joaquín Castro señaló que, si bien fue liberado un niño ecuatoriano de cinco años junto a su padre, todavía permanecen decenas de menores bajo custodia. Denunció la existencia de un bebé de dos años detenido y acusó a Noem de supervisar un “mecanismo de crueldad” profundizado durante la actual administración.

Aunque Noem anunció la implementación de cámaras corporales para los agentes migratorios, la representante Norma Torres consideró que la medida resulta insuficiente si no hay garantías de transparencia. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional evitó pronunciarse públicamente sobre la controversia, que sigue escalando en medio de protestas, demandas judiciales y un debate cada vez más polarizado sobre la política migratoria en Estados Unidos.