La compañía fue encontrada culpable de violar la legislación estatal al no advertir adecuadamente sobre los peligros ni implementar medidas suficientes para prevenir la explotación infantil en Facebook e Instagram.

La demanda había sido impulsada en 2023 por el fiscal general Raúl Torrez, quien sostuvo que la empresa permitió que sus redes sociales funcionaran como un entorno propicio para el accionar de abusadores, priorizando beneficios económicos por sobre la protección de los usuarios más vulnerables.

El jurado concluyó que Meta incurrió en prácticas comerciales desleales, incluyendo la ocultación de información relevante sobre los riesgos de explotación sexual infantil y su impacto en la salud mental.

Además, consideró que la firma realizó afirmaciones engañosas y desplegó conductas abusivas que se aprovecharon de la inexperiencia de niños y adolescentes.

Según se estableció en el veredicto, hubo miles de infracciones independientes, cada una pasible de una multa de 375 millones de dólares, lo que expone a la empresa a sanciones económicas millonarias.

Durante el proceso judicial, la fiscalía presentó pruebas obtenidas mediante perfiles falsos que simulaban ser menores de edad. En ese marco, varios adultos establecieron contacto con esas cuentas y solicitaron favores sexuales, situación que derivó en detenciones durante 2024.

También declararon exempleados de la compañía, quienes aseguraron que Meta tenía conocimiento previo sobre los riesgos. Entre ellos, el exingeniero Arturo Bejar y el exejecutivo Brian Boland señalaron que la seguridad no era una prioridad dentro de la empresa.

Por su parte, Meta rechazó el fallo y anunció que apelará la decisión. La firma argumentó que invierte importantes recursos en seguridad y que cuenta con miles de empleados dedicados a detectar contenidos dañinos, además de herramientas como controles parentales y cuentas específicas para adolescentes.

Si bien el jurado ya determinó la responsabilidad, una instancia posterior a cargo de un juez deberá definir posibles cambios estructurales en el funcionamiento de la empresa.

El caso se suma a una creciente ola de litigios contra las grandes compañías tecnológicas en Estados Unidos, en medio de cuestionamientos por el impacto de sus plataformas en la salud mental y la seguridad de los jóvenes.

Actualmente, más de 40 fiscales generales mantienen demandas similares contra Meta, mientras otros procesos judiciales en curso podrían sentar precedentes clave para el futuro del sector.