El eje de la normativa es impedir que cualquier trabajador municipal, tanto personal civil como uniformado, pueda aceptar empleos adicionales o tareas secundarias vinculadas a operativos migratorios impulsados por el Departamento de Seguridad Nacional.

Desde el Concejo, la impulsora del proyecto, Mónica Rodríguez, sostuvo que la medida busca proteger a las comunidades afectadas por redadas y reforzar la confianza en las instituciones locales.

Según explicó, no se trata solo de restringir vínculos formales con agencias federales, sino de evitar cualquier participación indirecta en operativos que puedan impactar en familias migrantes.

La fiscal de la ciudad, Hydee Feldstein Soto, remarcó que la ordenanza se inscribe en una tradición histórica de la ciudad, que desde fines de la década de 1970 promueve separar la labor policial local de la aplicación de leyes migratorias.

En esa línea, destacó que la medida apunta a garantizar que los recursos municipales no se utilicen para tareas que son competencia exclusiva del gobierno federal.

El nuevo esquema también prevé lineamientos claros para su implementación: habrá protocolos coordinados con el Departamento de Policía de Los Ángeles, capacitación para supervisores y un régimen disciplinario específico para quienes incumplan la norma.

Mientras organizaciones sociales respaldaron la iniciativa por considerarla un avance en la defensa de derechos civiles, algunas voces plantearon reparos al entender que limita decisiones laborales individuales.

De concretarse, la ordenanza convertiría a Los Ángeles en la primera gran ciudad de Estados Unidos en establecer una restricción de este tipo, reforzando su posicionamiento como jurisdicción que prioriza la protección de las comunidades migrantes.