Estas designaciones les permitieron, entre otras facultades, portar armas en edificios gubernamentales y actuar con atribuciones propias de fuerzas federales.

El punto más cuestionado del caso es que varios de los integrantes del equipo no contaban con formación policial ni experiencia previa en organismos con poder de arresto.

A pesar de ello, se aprobaron excepciones formales para incorporarlos de manera temporal, lo que generó fuertes críticas por la flexibilidad en los controles y el uso discrecional de atribuciones oficiales.

El proceso se inició en un contexto en el que Musk tenía un rol dentro del gobierno, lo que facilitó la gestión de estas autorizaciones.

Según los documentos, la justificación principal fue la necesidad de reforzar su seguridad ante posibles amenazas, aunque dentro de la propia agencia existían reparos por el incumplimiento de los estándares habituales.

Además, antecedentes recientes ya habían advertido sobre prácticas similares dentro del organismo, lo que agrava las dudas en torno a este caso. Incluso se desconoce si estas designaciones continúan vigentes, ya que las autorizaciones tenían un plazo limitado y no hubo confirmación oficial sobre su continuidad.