Landor aseguró que antes del traslado había advertido que temía que las autoridades le cortaran el pelo por las normas de aseo del penal. Para intentar evitarlo, entregó a los agentes una copia de un fallo anterior que establecía límites a esa medida contra personas rastafaris privadas de su libertad.

Sin embargo, denunció que los funcionarios ignoraron el documento, lo descartaron y finalmente le afeitaron la cabeza.

Tras el episodio, presentó una demanda amparándose en la Ley de Uso Religioso de Tierras y Personas Institucionalizadas (RLUIPA), una norma federal que protege el ejercicio religioso de personas recluidas en instituciones que reciben fondos públicos.

La decisión de la Corte Suprema fue tomada por 6 votos contra 3. La mayoría consideró que esa ley no permite reclamar una compensación económica contra funcionarios individuales si estos no aceptaron expresamente asumir esa responsabilidad.

El juez Neil Gorsuch, autor del fallo mayoritario, sostuvo que los agentes no podían ser demandados personalmente por daños y perjuicios bajo esa normativa federal.

En cambio, la jueza Ketanji Brown Jackson cuestionó la resolución y advirtió que deja sin una herramienta de reparación a presos que denuncian violaciones a su libertad religiosa dentro de cárceles estatales.

La Corte aclaró que no determinó si el corte de cabello sufrido por Landor violó sus derechos religiosos, sino que solamente resolvió que no podía avanzar con ese reclamo económico contra los funcionarios involucrados.