La Corte Suprema reactivó una demanda contra grandes cruceros por operar en un puerto expropiado por Cuba
La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió reabrir una demanda por daños y perjuicios contra algunas de las principales compañías de cruceros del mundo, acusadas de haber utilizado un puerto expropiado por el Gobierno cubano tras la revolución encabezada por Fidel Castro. La decisión representa un revés judicial para empresas como Royal Caribbean Cruises y Carnival Corporation y se produce en un contexto de creciente tensión entre Washington y La Habana.
El fallo fue adoptado por ocho votos contra uno y contó con una opinión mayoritaria redactada por el juez Clarence Thomas. La única disidencia fue presentada por la jueza Elena Kagan. Con esta resolución, el máximo tribunal no definió el fondo del conflicto, pero habilitó que la demanda impulsada por Havana Docks Corporation continúe su curso en la Justicia.
La empresa sostiene que es titular de los derechos sobre los muelles de La Habana, construidos en 1905, y que el Gobierno cubano los confiscó en 1960, poco después del triunfo de la revolución. Según la demanda, entre 2015 y 2019 las compañías de cruceros utilizaron esas instalaciones para desembarcar cerca de un millón de pasajeros y abonaron al Estado cubano más de 130 millones de dólares, sin compensar a Havana Docks.
La controversia se basa en una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1996, que habilita a ciudadanos estadounidenses a reclamar judicialmente por propiedades confiscadas por el régimen cubano. El eje del debate es si Havana Docks conserva un derecho a reclamar indemnizaciones, pese a que el contrato original de explotación del puerto habría vencido en 2004.
La decisión judicial llegó además en un momento de fuerte endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba. En los últimos días, la administración del presidente Donald Trump impulsó nuevas medidas de presión sobre la isla y el Departamento de Justicia presentó cargos contra el expresidente Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos aeronaves civiles ocurrido en 1996. En ese escenario, el litigio podría adquirir una relevancia aún mayor dentro de la estrategia de Washington frente al gobierno cubano.
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