La decisión de intensificar la fiscalización responde, según fuentes oficiales, a la presión de la comunidad del exilio y al respaldo de dirigentes políticos que exigen un control más estricto sobre empresas que podrían eludir las restricciones federales.

Entre los sectores bajo supervisión se encuentran agencias de paquetes turísticos, servicios de logística y paquetería, así como la venta de automóviles a la isla, actividades que, según investigaciones preliminares, podrían servir como fachada para canalizar recursos al gobierno cubano.

Marco legal y advertencias

La autoridad de Fernández se fundamenta en el Estatuto Estatal de Florida 205.0532, que permite a los gobiernos locales negar o revocar los recibos de impuestos comerciales a cualquier negocio con relaciones comerciales con Cuba.

A esto se suma la Orden Administrativa del Condado Miami-Dade No. 3-13, que instruye al recaudador a cancelar las licencias de entidades que violen la ley federal en sus transacciones con la isla.

El funcionario, cubanoamericano que emigró en la década de 1990, advirtió que su oficina comenzará a enviar notificaciones a las empresas infractoras en las próximas semanas. "Sabemos quiénes son y dónde están, y tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a nuestra comunidad y hacer cumplir la ley", declaró, advirtiendo que quienes incumplan podrían enfrentar el cierre definitivo.

Respaldo político y coordinación federal

La iniciativa local cuenta con el respaldo de la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, quien previamente había solicitado al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro investigar a empresas del sur de la Florida sospechosas de evadir sanciones mediante intermediarios.

"Cada dólar que llega a La Habana fortalece a los dictadores y socava la política estadounidense", señaló Salazar, asegurando que habrá "consecuencias reales" para los infractores.

Compromiso personal y comunitario

En sus declaraciones, Fernández reafirmó su postura firme contra el régimen cubano. "No vamos a permitir que los cómplices de la dictadura comunista asesina operen libremente aquí", afirmó, destacando su experiencia personal como emigrante cubano y el conocimiento directo del sufrimiento que la dictadura ha infligido.

La oficina del recaudador de impuestos anunció que colaborará estrechamente con autoridades municipales, estatales y federales para garantizar una aplicación rigurosa de la ley.