Las conclusiones se dieron tras el análisis de cientos de denuncias presentadas por detenidos a través del sistema de quejas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Aunque los seis centros de detención de inmigrantes de California están bajo la jurisdicción del gobierno federal, son propiedad de corporaciones privadas y están operados por ellas.

Maricela Sánchez, investigadora de la ACLU del Norte de California y autora del informe, dijo que “está muy claro que el gobierno no puede garantizar que sus centros de detención de inmigrantes cumplan con los estándares no negociables de derechos humanos”.

La investigación, titulada “Resistencia, represalia, represión: Dos años en centros de detención de inmigrantes en California”, encontró que las instalaciones carcelarias no son aptas para la habitación humana.

“Las paredes están podridas con moho, los sistemas de ventilación arrojan escombros que interfieren con la respiración de las personas, la comida a menudo está podrida y el agua rancia”, expone el reporte.

Además, los registros también muestran graves problemas de atención médica. Por ejemplo, han permitido que los brotes de la covid-19 se agraven y se propaguen en estos centros de detención.

A esto se suma que ICE no estaría evaluando las quejas presentadas por los inmigrantes. Una revisión de 485 registros de quejas presentados desde 2023 mostró que sólo un 8 por ciento fueron resueltas a favor de las personas detenidas.

Más de cien quejas compartidas con la ACLU estaban relacionadas con represalias y mala conducta del personal. Los registros también muestran numerosos incidentes de inspecciones y castigos innecesarios.

El informe se revela justo cuando los detenidos en el centro Golden State Annex, en el área de McFarland, reanudaron una huelga de hambre por los maltratos, después que ICE pusiera fin al programa de acceso a llamadas telefónicas legales gratuitas y directas, garantizado por una demanda previa de la ACLU.

Gustavo Flores Coreas, uno de los inmigrantes que lidera la huelga de hambre, dijo en un comunicado que después de salir de una huelga de hambre y perder 19 libras, lo colocaron en un dormitorio donde otras personas estaban infectadas con covid y se contagió.

“Desafortunadamente, estas violaciones de derechos humanos no están disminuyendo. En cambio, crecen a un ritmo alarmante y aterrador”, dijo el inmigrante.

“Nos unimos al unísono, con una sola voz, por una causa común: poner fin a la detención del ICE en las instalaciones de Mesa Verde y Golden State Annex creando conciencia sobre las condiciones y el trato inhumanos”, dijo Juan Carlos Corona Avalos, otro de los líderes de la huelga de hambre. “Pedimos al público que amplifique nuestro llamado a la libertad”.