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Grave

Acusaron a 20 personas de amenazar a trabajadores electorales en todo el país

Kattie Hobbs, gobernadora de Arizona, quién recibió amenazas tras el proceso electoral del 2020.

El Departamento de Justicia combate el aumento de las amenazas contra los trabajadores electorales, lo que dio lugar a 20 procesamientos en todo el país, anunció el Departamento este lunes.

Esta acción pone de relieve un esfuerzo concertado para disuadir la intimidación dirigida contra el núcleo del sistema electoral de Estados Unidos, especialmente tras el polémico ciclo electoral de 2020.

Condenas por amenazas de muerte

Un acontecimiento significativo en Arizona marcó esta campaña, donde un individuo recibió una condena por amenazar a la gobernadora Katie Hobbs durante su mandato como Secretaria de Estado en 2022.

Muchos de estos procesamientos se saldaron con penas de prisión de más de un año, lo que pone de manifiesto la severidad del gobierno federal ante este tipo de delitos.

Gary Restaino, fiscal federal jefe de Arizona, transmitió el mensaje más amplio de lo que representan estas acciones legales en relación con el respeto del Estado de derecho.

Esta ofensiva es un componente clave del Grupo de Trabajo sobre Amenazas Electorales del Departamento de Justicia, iniciado en 2021 para contrarrestar el auge del negacionismo electoral.

Impulsado por sectores marginales del Partido Republicano y alentado por figuras prominentes, incluido el expresidente Trump, este movimiento propagó acusaciones infundadas sobre la legitimidad de las recientes elecciones.

Arizona sigue siendo un punto focal de tales alegaciones

Bajo la dirección de John Dixon Keller, jefe del grupo de trabajo, examinaron miles de pistas, revelando la naturaleza extensa del asunto.

La declaración de Keller, "Las amenazas de muerte no son objeto de debate", representa un principio crucial: la integridad de los trabajadores electorales es inviolable, distinguiendo entre la libertad de expresión y la intimidación ilegal.

Un caso que ilustra la gravedad de estas amenazas fue el de Joshua Russell, condenado a dos años y medio por sus alarmantes amenazas contra la gobernadora Hobbs.

Sus amenazadores mensajes, repletos de hostilidad y amenazas, ejemplifican el peligroso entorno en el que navegan los funcionarios electorales.

El fiscal general Merrick Garland reafirmó la dedicación del departamento a salvaguardar a los trabajadores electorales, haciendo hincapié en cómo las amenazas de violencia erosionan el núcleo mismo de la democracia.

La persecución de tales casos envía un mensaje sobre la importancia de proteger a quienes supervisan las elecciones, esenciales para el funcionamiento de las instituciones democráticas.

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