Por su parte, Johnston se ha manifestado en contra del plan de deportaciones masivas de inmigrantes, asegurando que hará todo lo posible para proteger a las comunidades afectadas. "No tengo miedo de ser encarcelado", afirmó el alcalde, quien además alentó a los ciudadanos a resistir las redadas migratorias en sus localidades.

Las tensiones aumentaron luego de que Trump, durante su campaña, señalara al suburbio de Aurora, en Denver, como una “zona de guerra” supuestamente controlada por pandilleros venezolanos. Johnston criticó estas declaraciones y aseguró que no permitirá que las fuerzas federales interfieran en su ciudad sin resistencia. "Si el Departamento de Policía de Denver tuviera que bloquear las fronteras del condado, miles de habitantes de Denver, incluidas madres de Highland, estarían allí para defender a los inmigrantes", aseguró en una entrevista.

Mientras tanto, Homan y el equipo de transición de Trump han reiterado su compromiso con una operación masiva de deportación, que incluiría el uso de activos militares si fuera necesario. Según la portavoz del equipo de transición, Karoline Leavitt, el gobierno entrante no escatimará esfuerzos para deportar a "delincuentes ilegales, narcotraficantes y traficantes de personas", asegurando que se trata de una prioridad nacional.

A pesar de las amenazas, Johnston reafirmó que su administración no colaborará con medidas que considera abusivas e ilegales, subrayando que los funcionarios de Denver se comprometen a proteger a los residentes de su ciudad. Por ahora, la confrontación entre autoridades locales y el futuro gobierno federal presagia un panorama de fuertes disputas legales y políticas en torno a la implementación de estas polémicas políticas migratorias.