El hombre había sido detenido en julio de 2025 durante una inspección de salida en el puerto fronterizo de Eagle Pass, Texas. En un primer momento aseguró no transportar armas, municiones ni grandes sumas de dinero. Sin embargo, una revisión exhaustiva de su automóvil realizada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza permitió descubrir ocho pistolas y 19 cargadores escondidos dentro del vehículo.

Durante la investigación, Cruz-Cardoza confesó que recibía entre 150 y 200 dólares por cada arma que lograba cruzar de forma clandestina hacia México. Además, reconoció que ya había participado en operaciones similares en al menos entre 10 y 12 oportunidades anteriores.

Las pesquisas también condujeron a un operativo en San Antonio, donde agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, junto con la Policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, allanaron la vivienda de Reymundo Hernández-Niño, señalado como uno de los integrantes de la red.

En ese domicilio se secuestraron 24 armas de fuego, entre ellas pistolas, rifles de asalto tipo AR-15 y una escopeta, además de más de 4.000 cartuchos de munición y varios chalecos antibalas.

Las autoridades federales advirtieron que el tráfico ilegal de armas hacia México alimenta directamente la violencia de los cárteles del narcotráfico y representa una amenaza para la seguridad en ambos lados de la frontera.

El caso también involucra a otros acusados vinculados a la misma organización. Francisco Cardoza Jr. admitió su participación en la conspiración y será sentenciado en abril. Por su parte, Edgar Josué Montelongo-Loera se declaró culpable en febrero y aguarda su condena, mientras que Reymundo Hernández-Niño y Kenia Lizbeth Montelongo también reconocieron su responsabilidad en dos cargos y esperan la resolución judicial.