“Dado que el Congreso no ha actuado, la administración Biden está utilizando las herramientas disponibles para implementar un plan integral de múltiples agencias y países basado en el cumplimiento, la disuasión y la diplomacia para administrar la frontera”, explicó una de las funcionarias.

¿Qué contiene el plan?

Los altos administrativos detallaron que se están enviando más recursos a la frontera, incluyendo más oficiales de asilo, jueces de inmigración y abogados, así como cambios en las políticas “para asegurar que los procesos sean justos y rápidos”.

Uno de los funcionarios especificó que se han enviado más de cuatro mil personas de forma temporal, incluyendo los 1500 soldados que ya la administración había anunciado para labores de apoyo a la patrulla fronteriza en tareas administrativas.

Se incluyen más de mil agentes de cumplimiento de la ley de otras agencias y se han contratado casi dos mil individuos que ayudarán con diferentes tareas administrativas.

“En términos de los jueces y oficiales de asilo, no estamos mandándolos a la frontera porque esas consultas se hacen de manera telefónica, pero hemos re entrenado a todos nuestros oficiales de asilo para que estén listos y dispuestos para hacer las entrevistas que van a ser necesarias en base el repatriación acelerada que iniciaremos el jueves”.

Los oficiales hicieron referencia a otras medidas anunciadas a finales de abril, incluyendo nuevas reglas de elegibilidad para quienes soliciten asilo en la frontera.

“Las personas que cruzan a los Estados Unidos por la frontera suroeste sin autorización o sin haber utilizado un camino legal, y sin haber programado un horario para llegar a un puerto de entrada, se presume que no son elegibles para el asilo bajo una nueva regulación propuesta, en ausencia de una regla aplicable de excepción”, reseña una declaración conjunta del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de finales de abril.

Con el levantamiento del Título 42, la normativa conocida como Título 8 entrará en vigencia inmediatamente, junto con “repatriaciones aceleradas”.

“Las personas expulsadas en base a la repatriación acelerada no podrán ingresar a los Estados Unidos por 5 años y podrían ser procesadas de forma penal por cada intento que hagan de cruzar la frontera de manera irregular”, indicó el funcionario.