El despliegue no es menor: alrededor de 500 soldados de cada organización estatal o territorial se sumarán a esta estructura con la misión de sofocar manifestaciones y paralizar protestas bajo métodos catalogados como “no letales”.

La instrucción tiene un trasfondo político evidente. La orden llega después de que el presidente Donald Trump ordenara en agosto a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, la creación de estas unidades permanentes.

El propio Pentágono justificó la medida en la orden ejecutiva de Trump que ya había desplegado a la Guardia Nacional para “combatir el crimen” en Washington D.C.

No es la primera vez que el mandatario republicano recurre a los uniformados para intervenir en ciudades que cataloga como “zonas peligrosas”, en su mayoría gobernadas por demócratas.

Durante su primer año en la Casa Blanca, la Guardia Nacional fue utilizada para patrullar urbes conflictivas y brindar respaldo a agencias federales en operativos de control migratorio, como ocurrió en Chicago.

Hoy más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional siguen desplegados en la capital estadounidense, y el costo no es menor: cada agente representa un gasto de más de 500 dólares diarios para el erario público.

Una inversión millonaria que, según el propio Trump, se justifica en nombre del “orden” y la “seguridad”, pero que para muchos significa un paso más hacia la militarización de la vida civil en Estados Unidos.