Mientras que un residente de Florida acusado de un robo menor enfrenta hasta un año de prisión y una multa de mil dólares, un inmigrante sin documentación puede recibir hasta cinco años de cárcel y una sanción económica de cinco mil dólares.

El endurecimiento de las leyes también establece que, si una persona sin estatus legal en el país comete un asesinato en primer grado, será condenada automáticamente a la pena de muerte.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha defendido estas medidas asegurando que su estado se convertirá en un modelo a seguir para el resto del país, al garantizar una mayor seguridad y protección.

Desde el año pasado, el republicano promulgó una ley que incrementa las penas para extranjeros reincidentes en delitos graves tras haber reingresado ilegalmente a Estados Unidos.

Además, con las recientes modificaciones, cualquier inmigrante sin documentos que se vea involucrado en un delito grave enfrentará sentencias más rigurosas, simplemente por su estatus migratorio.

Varios estados como Alabama, Idaho, Indiana, Minnesota, Carolina del Sur y Texas están evaluando la posibilidad de adoptar medidas similares, replicando la política de Florida si sus legislaciones son aprobadas.

El endurecimiento de las leyes migratorias por parte de DeSantis también responde a su interés en reforzar su imagen política antes de concluir su mandato.

Sus aspiraciones de consolidar una influencia a nivel nacional se han visto afectadas por la caída de su protagonismo, especialmente después de que su posible sucesora, su esposa, perdiera impulso en la contienda republicana.

Ante este panorama, el gobernador busca mantenerse en el radar político con una estrategia de mano dura contra la inmigración.