Según explicó el funcionario, el análisis de las conversaciones del sospechoso sugiere que la herramienta habría brindado información vinculada a armas, municiones, horarios de mayor circulación de personas y zonas del campus con alta concentración de estudiantes.

En ese sentido, sostuvo que el sistema podría haber ofrecido un “asesoramiento significativo” previo al hecho, aunque aclaró que se busca determinar si existe responsabilidad penal por parte de la empresa.

El ataque ocurrió en abril de 2025, cuando un estudiante identificado como Phoenix Ikner abrió fuego en las inmediaciones del sindicato estudiantil de la universidad. El episodio dejó un saldo de 2 víctimas fatales y 7 heridos, y el acusado enfrenta múltiples cargos por asesinato.

Desde OpenAI rechazaron cualquier tipo de implicación en el hecho. A través de un vocero, la compañía aseguró que su sistema no promueve ni facilita actividades ilegales. Además, informaron que, tras detectar una cuenta vinculada al sospechoso, colaboraron voluntariamente con las autoridades aportando información relevante para la investigación.

La empresa también sostuvo que las respuestas generadas por ChatGPT se basan en información pública disponible en internet y remarcó que continúa reforzando sus mecanismos de seguridad para evitar usos indebidos.

En el marco de la investigación, las autoridades solicitaron a la firma documentación interna sobre políticas de uso, protocolos ante amenazas y detalles sobre su estructura organizativa. Por su parte, el comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Mark Glass, advirtió sobre los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial y su posible impacto en la seguridad pública.

El caso se inscribe en un contexto de creciente presión regulatoria en Florida, donde en los últimos meses se impulsaron distintas acciones judiciales vinculadas al uso de inteligencia artificial, tanto por la generación de contenido como por su eventual influencia en conductas delictivas.

En paralelo, el gobernador Ron DeSantis promueve una iniciativa denominada “Carta de Derechos de la Inteligencia Artificial”, orientada a establecer límites al uso de estas tecnologías, proteger los datos de los usuarios y fijar reglas claras para su desarrollo. El proyecto ya obtuvo media sanción en el Senado estatal, aunque aún no logró avanzar en la Cámara de Representantes.