La Corte Suprema analiza la demanda de México contra productoras de armas
La Corte Suprema debatió los argumentos en la demanda presentada por México contra productoras de armas, centrándose en cómo los cárteles acceden a armamento de alto calibre a través de testaferros.
El caso, identificado como Smith & Wesson Brands, INC., et al. vs. Estados Unidos Mexicanos, busca determinar si las empresas armamentísticas pueden ser consideradas responsables por la venta de armas que terminan en manos del crimen organizado, generando violencia y dificultando la lucha contra el narcotráfico.
México insiste en la responsabilidad de los fabricantes
Catherine E. Stetson, abogada representante del gobierno mexicano, sostuvo que entre 342.000 y 597.000 armas son traficadas a México cada año. Esto respondió a la estrategia de Noel Francisco, abogado defensor de las productoras, quien intentó minimizar el impacto del tráfico ilegal al señalar que solo el dos por ciento de las armas en el país estarían vinculadas al crimen organizado.
La jueza Sonia Sotomayor cuestionó este argumento y señaló que las empresas armamentísticas conocen el riesgo de vender a testaferros, quienes luego suministran las armas a individuos que no podrían poseerlas legalmente.
“Su denuncia dice que la violación es vender a compradores testaferros. El riesgo de hacerlo es que esos compradores entregan las armas a personas que probablemente las usen de manera ilegal”, remarcó Sotomayor.
Mientras la defensa de México insistió en que las productoras han facilitado el tráfico ilegal al abastecer intencionalmente a comerciantes que venden armamento a los cárteles, el abogado Francisco argumentó que las empresas no pueden ser consideradas responsables de lo que ocurra después de la venta.
Dudas sobre la legitimidad de la demanda
El juez Samuel Alito cuestionó si México tenía derecho a demandar a empresas estadounidenses por daños sufridos en su territorio y planteó un escenario inverso: “¿El gobierno de México puede demandar a fabricantes de armas en Estados Unidos, pero un estado de aquí no puede demandar a México por daños causados en nuestro país?”.
En respuesta, Stetson aclaró que la Corte Suprema ha reconocido el derecho de un país soberano a litigar en tribunales estadounidenses, bajo las mismas condiciones que cualquier otro demandante.
Próximos pasos en el proceso
Se espera que la Corte Suprema tome una decisión entre mayo y junio sobre si la demanda de México puede avanzar en un tribunal de distrito en Massachusetts.
Nick Wilson, director sénior del Center for American Progress, destacó el interés de los jueces en los aspectos técnicos del caso, pero lamentó que no se profundizara en los daños que el tráfico de armas genera en México y su impacto en la seguridad en Estados Unidos.
Los magistrados deben responder dos preguntas clave
- Si la producción y venta de armas en Estados Unidos es la “causa inmediata” de la violencia atribuida a los cárteles en México.
- Si los fabricantes de armas pueden considerarse responsables de facilitar el tráfico ilegal al conocer que parte de sus productos terminan en el crimen organizado.
El caso ha recibido apoyo de congresistas republicanos, entre ellos el senador Ted Cruz, quien ha defendido la industria armamentística frente a la demanda mexicana.
Sigue todas las noticias de USA NOVA en Google News
