Esta medida federal, en su mayoría, enfrenta bloqueos judiciales en al menos la mitad de los estados del país, y seguirá en esta situación mientras avanzan los procesos legales.

Los nueve jueces del tribunal señalaron en su fallo que ciertas partes de las nuevas normas no podrán ser aplicadas hasta que se resuelvan los desafíos legales en curso.

La norma en cuestión, emitida por el Departamento de Educación, extendía las protecciones de una ley de 1972 que prohíbe la discriminación por sexo en instituciones educativas que reciben fondos federales, incluyendo la discriminación basada en identidad de género, orientación sexual, y "embarazo o condiciones relacionadas."

Algunas de las disposiciones de esta nueva norma también abordaban la protección de estudiantes embarazadas y en posparto, asegurando acceso a espacios de lactancia y prohibiendo represalias. Estas últimas no han sido impugnadas legalmente.

Inmediatamente después de que se emitiera la norma, varios estados presentaron demandas contra el Departamento de Educación, argumentando que la inclusión de la identidad de género en las protecciones contra la discriminación por sexo excedía la autoridad del Departamento.

La decisión de la Corte Suprema responde a dos demandas específicas presentadas en Kentucky y Louisiana, que agrupan a varios estados. Tras el fallo, las disposiciones impugnadas seguirán bloqueadas en estas regiones.

Dado que las cortes de apelaciones se negaron a permitir la implementación de algunas partes de las nuevas normas, la administración Biden solicitó la intervención de la Corte Suprema, cuyo fallo fue dado a conocer el viernes.