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La Corte Suprema extiende suspensión de la ley anti inmigrante SB4 de Texas

La decisión del Tribunal Supremo retrasa la aplicación de la ley, prevista inicialmente para el miércoles, ahora en suspenso hasta el lunes.

La Corte Suprema extendió la suspensión de la polémica ley antiinmigrante SB4 de Texas impulsada por el gobernador Greg Abbott.

¿Qué es la ley SB4 de Texas?

Esta legislación, de haberse aplicado, autorizaba a las fuerzas del orden estatales a arrestar y detener a inmigrantes sospechosos de entrar ilegalmente en Estados Unidos.

La decisión del Tribunal Supremo retrasa la aplicación de la ley, prevista inicialmente para el miércoles, ahora en suspenso hasta el lunes.

El juez Samuel Alito lideró la emisión de estas nuevas órdenes administrativas, permitiendo a la Corte Suprema más tiempo para revisar las complejidades de la legislación.

Esta pausa no indica necesariamente la postura final de los magistrados sobre la validez de la petición de emergencia para suspender la aplicación de la SB4.

La administración Biden y otros grupos de defensa impugnaron la SB4

El 4 de marzo, la Administración de Joe Biden, junto con otros impugnadores, se dirigió urgentemente a la Cote Suprema para impedir la promulgación de la ley.

La Ley SB4 respaldada por el gobernador de Texas, en diciembre, suscitó de inmediato la preocupación de los defensores de los inmigrantes.

Los grupos temían por un aumento de la elaboración de perfiles raciales y un incremento de las detenciones y deportaciones por parte de las autoridades de Texas, en un estado en el que los latinos constituyen el 40 por ciento de la población.

El Departamento de Justicia argumentó que esta ley alteraría significativamente el equilibrio histórico de la aplicación de la ley de inmigración, compartido entre el gobierno federal y los estados durante casi 150 años.

Un juez federal de Austin detuvo inicialmente la aplicación de la ley SB4 por parte del estado. Sin embargo, esta decisión fue revocada temporalmente por un tribunal federal de apelaciones, que declaró que la ley entraría en vigor el 10 de marzo sin la intervención del Tribunal Supremo.

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