“Mientras otros estados se ponen del lado de los ocupantes ilegales, nosotros protegemos a los propietarios y castigamos a los delincuentes que buscan burlar el sistema”.

Según el proyecto de ley HB 621, el propietario de una vivienda puede solicitar a las autoridades locales que expulsen inmediatamente a un ocupante ilegal si éste ha accedido sin autorización y permanece en la propiedad, si el propietario le ha ordenado que abandone la vivienda y el ocupante se niega, y si no es un inquilino real y, por lo tanto, carece de contrato.

Bajo perjurio

Para facilitar la expulsión del ocupante, el propietario solo tiene que llenar un formulario presentando una denuncia completa y verificada.

En el formulario, el solicitante del desalojo debe dar fe de que él es el dueño del inmueble o la persona autorizada por el dueño para encargarse del mismo.

Bajo pena de perjurio, el propietario debe prometer que los ocupantes no son inquilinos actuales o anteriores y que cualquier contrato de arrendamiento que estos puedan mostrar es fraudulento.

Además, el propietario debe reconocer mediante firma que las personas desalojadas de la propiedad podrán interponer una demanda judicial contra su persona por cualquier declaración falsa que este haya emitido en la denuncia de desalojo.

Cobro del desalojo

La ley incluso permite a la oficina del sheriff -o la autoridad policial local- cobrar una tarifa por hora si el dueño de la propiedad solicita su presencia "para mantener la paz mientras el dueño de la propiedad o el agente del dueño cambia las cerraduras y retira la propiedad personal de los ocupantes ilegales de la vivienda”.

Por otra parte, libera al dueño de la propiedad de la responsabilidad de la pérdida o destrucción de la propiedad personal del desalojado a menos que haya sido removida indebidamente.