Los legisladores de Baton Rouge agregaron la disposición como una enmienda de último momento a un proyecto de ley del Senado que penalizaría el aborto si alguien le da las píldoras a una mujer embarazada sin su consentimiento, un escenario de “aborto criminal forzado” que casi ocurrió con la hermana de un senador.

Una mujer embarazada que obtenga los dos tratamientos “para su propio consumo” no correría riesgo de ser procesada. Pero, con la excepción de un profesional de la salud, una persona que la ayudara a conseguir las pastillas sí lo sería.

Luisiana ya prohíbe los abortos quirúrgicos y con medicamentos, excepto para salvar la vida de una paciente o porque un embarazo es "médicamente inútil".

Los legisladores simplemente rechazaron agregar excepciones para adolescentes menores de 17 años que quedan embarazadas a través de violación o incesto.

Acceso a píldoras abortivas en Luisiana

La enmienda incluiría la mifepristona y el misoprostol en la Ley Uniforme de Sustancias Peligrosas Controladas del estado, que regula los depresivos, los opioides y otras drogas a veces altamente adictivas.

La medida provocó una fuerte reacción de más de 240 médicos de Luisiana, quienes lo calificaron como “sin base científica”.

"Agregar un medicamento seguro y médicamente indicado para el tratamiento del aborto espontáneo... crea la falsa percepción de que se trata de medicamentos peligrosos que requieren regulación adicional", escribieron en una carta enviada la semana pasada al patrocinador del proyecto de ley, el senador republicano Thomas Pressly.

“Dados sus resultados de salud materna históricamente deficientes, Luisiana debería priorizar la atención segura y basada en evidencia para las mujeres embarazadas”, instaron.