Levine Cava justificó el cambio argumentando que la opción de West Airport incrementaría los costos en 269 millones de dólares para la construcción y 21 millones anuales en operación, acumulando 800 millones adicionales en 20 años. Además, destacó la urgencia de decidir antes del 12 de febrero de 2026 para obtener una compensación completa del seguro de la planta siniestrada, ya que, de no hacerlo, el condado solo recibiría el 40 por ciento del valor asegurado.

La propuesta fue bien recibida por algunos líderes, como el alcalde de Miramar, Wayne M. Messam, quien elogió la capacidad de Levine Cava para ajustar su posición con base en nueva información. "Escuchar y recalibrar es un sello distintivo de liderazgo", afirmó.

No obstante, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, rechazó tajantemente la recomendación, calificándola como una "huida hacia adelante". Fraga consideró que trasladar la planta a Doral es una solución que carga injustamente a los residentes de su ciudad. Aunque reconoció que la opción de West Airport implicaría un costo adicional de 42 dólares por hogar anualmente durante 20 años, defendió que este esfuerzo sería razonable para resolver los problemas de desechos sólidos del condado de manera definitiva.

Fraga instó a los ciudadanos de Doral a expresar su oposición a los comisionados, quienes tomarán la decisión final el próximo 3 de diciembre.

La Comisión deberá elegir entre cuatro posibles ubicaciones para la planta:

1. Un terreno de 416 acres en Opa-locka, cerca de Airport West.
2. Una parcela de 65 acres en White Rock, en US-27/Okeechobee Road.
3. Un sitio de 100 acres en Medley, al sur de la 106 Calle del Noroeste.
4. El terreno de la planta siniestrada en Doral, de 157 acres.

El debate sigue abierto, y la decisión final marcará un punto crucial para la gestión de desechos sólidos en Miami-Dade.