El contrato fue adjudicado a la compañía Reedspeed Georgia, que, según lo acordado, asumirá la instalación, mantenimiento y costos del sistema de seguridad con foto-multas.

Según el informe, el sistema de cámaras podría detectar a un conductor que se desplace a exceso de velocidad por zonas escolares y enviará la información del infractor a la policía antes de validar la multa. Luego la multa sería enviada por correo a la dirección del propietario del vehículo.

Las normas de tránsito vigentes establecen que un oficial de policía puede emitir una multa por cualquier velocidad superior a 15 MPH en una zona escolar, pero la cámara tomará foto y emitirá multa cuando detecte 11 MPH o más por encima del límite de velocidad.

De acuerdo con el patrocinador del proyecto, el comisionado Anthony Rodríguez, la multa será de 100 dólares. De esa cifra, 41 dólares se destinarán al Condado, 40 dólares al distrito escolar y otros fondos, y los restantes 19 dólares al contratista.

Las penalidades que se impongan a través de este sistema no generarán puntos negativos a la licencia de manejo. Tampoco afectará su seguro de automóvil, según se explicó.

El contrato con la firma Reedspeed Georgia será por un total de seis años, pero después de cada ciclo el Condado puede optar por no renovarlo sin ninguna penalización.

Posturas antagónicas

Comisionados opositores de la medida criticaron el paso dado en el órgano legislativo condal, entre ellos René García, quien en declaraciones a Diario de Las Américas se preguntó: “¿Cómo vamos a otorgar un contrato de 250 millones de dólares a una compañía sin ir a licitación?”.

“Después tendremos preguntas sobre cómo se administrará este programa y quién recibirá las multas”, señaló.

Se espera que las cámaras ayuden a combatir la conducción peligrosa en las inmediaciones de los campus escolares y, al mismo tiempo, generen ingresos para el Condado.

Por su parte, el jefe de Seguridad Pública de Miami-Dade, James Reyes, estima que, durante los seis años del contrato, las cámaras podrían generar unos 144 millones de dólares para el Condado y 71 millones para RedSpeed Georgia.

Esta iniciativa en el condado tuvo en cuenta la nueva ley estatal HB 657, promulgada el año pasado, que permite a los gobiernos locales hacer cumplir los límites de velocidad en las zonas escolares.

Según la ley, las cámaras estarían grabando 30 minutos antes de que comiencen las clases y 30 minutos después de la salida.