El pasado 17 de marzo, abogados del National Immigrant Justice Center (NIJC) presentaron una demanda en una corte federal, exigiendo la liberación de al menos dos de los detenidos y la implementación de medidas para evitar futuras violaciones a los derechos de los inmigrantes.

Historias de abuso y desesperación

Uno de los casos más impactantes es el de Abel Orozco, arrestado en Lyons, Illinois, sin una orden firmada por un juez. Su esposa, Yolanda Orozco, relató con angustia cómo su esposo fue detenido injustamente mientras regresaba a casa tras comprar tamales para su familia.

"Desde ese día mi familia ha estado enfrentando varios retos… hemos estado viviendo una crisis", expresó Yolanda.

Su hijo, Eduardo Orozco, también alzó la voz: "Mi padre ha vivido aquí por 27 años, nunca ha sido arrestado y es un hombre trabajador, cariñoso y honesto. No debió ser detenido".

Otro caso es el de Julio Noriega, quien fue retenido por ICE durante más de 10 horas en enero sin ninguna justificación legal. Al final, los agentes lo dejaron en la calle sin siquiera registrar su arresto.

La demanda también menciona que nueve personas fueron víctimas de detenciones violentas en sus propios vecindarios o dentro de sus autos, mientras que otras 12 fueron arrestadas en un restaurante en Liberty, Missouri, sin órdenes de detención.

Hasta el momento, una de las 22 personas sigue detenida y otra ha sido deportada.

Trump y ICE: una política de terror

El National Immigrant Justice Center y la American Civil Liberties Union (ACLU) de Illinois han presentado una moción en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, exigiendo que se haga cumplir el Acuerdo Castañón Nava, firmado en 2022 tras otra demanda contra ICE.

Dicho acuerdo establece que ICE debe:

• Implementar nuevas políticas para evitar detenciones sin órdenes judiciales.
• Reentrenar a sus agentes para respetar los derechos de los inmigrantes.
• Liberar a las personas detenidas si el acuerdo es violado.

Sin embargo, estas medidas parecen haber sido ignoradas por la administración de Trump, que alardea de sus redadas sin aportar pruebas sobre la peligrosidad de los detenidos.

Mark Fleming, director asociado de litigación del NIJC, fue tajante en su crítica: "Con sus tácticas ilegales, ICE ha convertido a miles de inmigrantes en ‘daño colateral’ de la agenda inhumana y arbitraria de Trump. La mayoría de estas personas llevan décadas en el país, tienen familias, negocios y solo intentaban vivir su vida cuando fueron detenidas sin justificación".

Por su parte, Rebecca Glenberg, de la ACLU, condenó la política migratoria del gobierno: "La administración Trump una vez más muestra su desprecio por la ley y los derechos humanos. No hay justificación para estas detenciones masivas sin órdenes judiciales".

Una comunidad en estado de alerta

El miedo se ha instalado nuevamente en las comunidades migrantes. Xanat Sobrevilla, activista de derechos humanos, advirtió sobre el peligro de normalizar estas acciones:

"Ya ni siquiera podemos confiar en que ICE respete la Constitución. Su política interna no ha reducido el daño que causan, y debemos estar preparados para defendernos"

La batalla legal recién comienza, pero la realidad es innegable: la administración Trump ha desatado una nueva ola de persecución contra inmigrantes, sin importar las leyes ni los derechos humanos.