El juez McBurney señaló que el principal problema con la Ley LIFE es su falta de coherencia con los derechos constitucionales. Destacó que, hasta que un feto alcance la viabilidad, el límite de seis semanas socava las libertades constitucionales de las mujeres. “Una prohibición arbitraria de seis semanas es incoherente con estos derechos y con el equilibrio que establece una norma de viabilidad entre los derechos de libertad y privacidad de una mujer y el interés de la sociedad en proteger a los bebés no nacidos”, explicó.

Promulgada en 2019 por el gobernador republicano Brian Kemp, la Ley LIFE imponía sanciones penales para los abortos realizados después de que se detectara actividad cardiaca embrionaria, que suele ocurrir alrededor de las seis semanas de gestación. Este momento es crucial, ya que muchas mujeres pueden no ser conscientes de su embarazo en esa etapa.

A pesar de enfrentar desafíos inmediatos, la legislación ganó impulso tras la decisión del Tribunal Supremo de 2022 de anular el caso Roe v. Wade, que había garantizado el derecho al aborto en todo el país durante casi cinco décadas.