Un tribunal federal de apelaciones estudiará si los estados han tenido que cubrir costos para poner en marcha el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que ha permitido a cientos de miles de jóvenes indocumentados vivir y trabajar en el país.
Según medios locales, los jueces escucharán los argumentos sobre el caso que busca ponerle fin al programa que ofrece protección temporal contra la deportación a inmigrantes sin estatus que ingresaron al país desde pequeños, conocidos como soñadores o “dreamers”.
✅DACA y el Parole in Place serán escuchados mañana en la corte ante un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito con sede en Nueva Orleans.#inmigración #abogadadeinmigracion #inmigranteslatinosenestadosunidos #noticias #biden #paroleinplace #daca pic.twitter.com/xk5cYUdzQB
— Eagan Immigration (@EaganImm) October 9, 2024
DACA concede el permiso de trabajo a los migrantes que nacieron después del 16 de junio de 1981 y llegaron al país de forma ilegal siendo menores de 16 años. El fallo que mantiene el programa bloqueado prohíbe que se reciban nuevas solicitudes, aunque permite que las que ya fueron aprobadas continúen renovándose, lo que se debe hacer cada dos años.
La demanda actual sobre DACA, presentada en 2018 por Texas y otros seis estados controlados por los republicanos, argumentan que la creación del programa representó una extralimitación de la autoridad presidencial e impuso costos indebidos a los estados.
DACA protege de la deportación y otorga una autorización de empleo a unos 560,000 dreamers, jóvenes que ingresaron indocumentados al país junto a sus padres antes de cumplir los 16 años. Otros 86,000 aproximadamente presentaron sus solicitudes de protección, pero debido a la orden judicial sus casos no pueden ser adjudicados por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
Cabe mencionar que esta nueva página judicial se da en un contexto electoral, tomando en cuenta que el republicano Donald Trump ha prometido la deportación masiva de migrantes, como parte de su retórica que responsabiliza a los migrantes de los males del país, desde el encarecimiento de la vivienda hasta un falso aumento de la delincuencia.