Como consecuencia del bombardeo, murieron tres hombres señalados como presuntos integrantes de estructuras narcoterroristas. No se registraron bajas entre las fuerzas militares.

Esta acción se inscribe dentro de una campaña más amplia que se desarrolla desde septiembre de 2025 y que ha incluido bombardeos contra más de 40 embarcaciones sospechosas en distintas rutas marítimas del Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

Según estimaciones difundidas por medios internacionales, las operaciones han dejado hasta el momento cerca de 150 personas fallecidas.

La ofensiva también ha tenido episodios recientes de alta intensidad. La semana pasada, un operativo simultáneo provocó 11 muertes, lo que fue considerado el mayor ataque coordinado desde el inicio de la campaña.

Desde el gobierno se sostiene que estas acciones forman parte de un conflicto contra organizaciones criminales catalogadas como terroristas y que representan una amenaza para la seguridad regional. Sin embargo, la estrategia ha generado cuestionamientos desde distintos sectores.

Organizaciones de derechos civiles y legisladores han advertido que los bombardeos contra presuntos narcotraficantes sin intervención judicial podrían vulnerar el derecho internacional y abrir un debate sobre los límites legales de las operaciones militares en la lucha contra el narcotráfico.