Bajo la administración de Donald Trump, las autoridades de Estados Unidos intensificaron los procesos de desnaturalización y colocaron bajo la lupa a miles de ciudadanos naturalizados. Las nuevas directrices del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) habilitan una revisión masiva de casos, en un giro que marca un endurecimiento de la política migratoria.
El principal motivo para la pérdida de la ciudadanía es el fraude en la naturalización. Mentir durante entrevistas, presentar documentación falsa u ocultar antecedentes penales graves puede derivar en la revocación del estatus. A esto se suman acusaciones por crímenes de guerra, terrorismo, espionaje y vínculos con organizaciones criminales, como MS-13 o el Tren de Aragua, declaradas terroristas en enero de 2026.
Entre los perfiles bajo riesgo se encuentran personas que omitieron delitos pasados —fraudes, delitos sexuales u otros crímenes graves—, quienes obtuvieron asilo de manera fraudulenta o utilizaron identidades falsas durante el proceso migratorio. También quedan expuestos aquellos señalados por corrupción o participación en pandillas.
Especialistas advierten que quitar la ciudadanía no es un trámite inmediato. La abogada de inmigración Kathia Quirós explicó que, una vez que USCIS decide avanzar con una desnaturalización, el caso debe pasar por un tribunal federal, lo que puede demorar años. Además, puso en duda que el objetivo oficial de remitir entre 100 y 200 casos mensuales al Departamento de Justicia sea viable, dada la complejidad legal de estos procesos.
La pérdida de la ciudadanía conlleva consecuencias severas. Puede implicar la apatridia, la obligación de tramitar visas para reingresar a Estados Unidos y la eliminación de derechos fundamentales como el voto. Ante este escenario, abogados recomiendan conservar documentación completa y buscar asesoramiento legal inmediato frente a cualquier notificación de revisión migratoria.
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