Algunos de esos funcionarios también habían participado en investigaciones delicadas relacionadas con el manejo de documentos clasificados vinculados al presidente Donald Trump, lo que alimentó interpretaciones y cuestionamientos sobre los verdaderos motivos de la decisión.

La reorganización impactó particularmente en el grupo conocido como CI-12, un equipo que investigaba filtraciones de información sensible hacia la prensa, el uso indebido de material clasificado y actividades de espionaje internacional.

Entre sus antecedentes se destaca la participación en causas de gran repercusión, como el caso de Monica Witt, exanalista de la Fuerza Aérea estadounidense condenada por colaborar con Irán.

El momento elegido para los despidos llamó especialmente la atención dentro del ámbito de la seguridad. Las salidas se produjeron en paralelo al endurecimiento de la postura de Washington frente a Teherán, en un escenario de creciente confrontación.

Exfuncionarios del área advierten que debilitar o desarticular equipos con experiencia específica en el seguimiento de Irán podría afectar la capacidad de anticipar amenazas o responder a operaciones de inteligencia adversarias.

Desde el FBI evitaron referirse a las decisiones de personal. El portavoz Ben Williamson sostuvo que la estructura de contrainteligencia continúa operando en todo el país y remarcó que durante 2025 se registró un incremento del 35 por ciento en arrestos vinculados a este tipo de investigaciones, además de la captura de fugitivos prioritarios y la neutralización de varios complots terroristas.

Pese a estas afirmaciones, en distintos ámbitos de la comunidad de seguridad nacional persiste el debate sobre la conveniencia de reorganizar áreas especializadas en un momento de alta tensión geopolítica.