La votación se realizó en un contexto de presión tanto de grupos que exigen mayor transparencia sobre el impacto en los precios para los conductores como de organizaciones ambientalistas, que cuestionan la efectividad de estas medidas en la reducción de la contaminación del aire.

Actualmente, los conductores de California pagan, en promedio, 1.42 dólares más por galón que el promedio nacional, situándose el precio en el estado en 4.14 dólares por galón en comparación con los 3.09 dólares a nivel nacional. Eric Guerra, miembro de CARB, solicitó un seguimiento semestral de los precios de la gasolina bajo los nuevos estándares, advirtiendo sobre el impacto que estos costos tienen en las familias.

La votación para aprobar los cambios al Estándar de Combustible Bajo en Carbono (LCFS) tuvo lugar tras seis horas de comentarios públicos de más de 150 personas. Nina Robertson, abogada de Earth Justice, criticó la medida y advirtió que la administración entrante de Trump podría socavar los avances climáticos en California. "Necesitamos que CARB reúna todos los recursos para promover un transporte con cero emisiones de carbono", sostuvo Robertson.

Grupos de justicia ambiental expresaron también preocupación por el aumento en el uso de biocombustibles, lo cual podría afectar la seguridad alimentaria y contribuir a la deforestación.

El Ayuntamiento de Fresno, un día antes de la votación, solicitó a CARB posponer la reunión hasta aclarar cuánto subiría el precio del combustible. Además, los republicanos del Senado de California presentaron una petición respaldada por casi trece mil firmas para retrasar la votación, aunque no tuvieron éxito.

Funcionarios de CARB admitieron desconocer el impacto exacto en el precio de la gasolina, aunque previamente habían estimado un aumento de 47 centavos por galón para el próximo año y anunciaron que se realizará un nuevo cálculo.

Las reacciones no se hicieron esperar. James Gallagher, líder de los republicanos en la Asamblea, criticó al gobernador Gavin Newsom y sus aliados demócratas, acusándolos de perjudicar a los trabajadores californianos con estos costos adicionales y advirtiendo que los ciudadanos no pueden asumir este incremento.

El senador republicano Brian Dahle también cuestionó la decisión de CARB, afirmando que afectará de manera desproporcionada a las comunidades rurales, cuyos residentes deben recorrer largas distancias para sus necesidades básicas.

El mes pasado, el gobernador Newsom firmó la ley ABX2-1, que exige a las refinerías mantener un inventario mínimo de combustible para evitar escasez durante sus labores de mantenimiento, con el fin de prevenir la especulación de precios.